jueves, 28 de junio de 2012

Casi la mitad de los escolares alemanes no sabe que Hitler fue un dictador

Un estudio hecho entre adolescentes alemanes causa preocupación en un país obsesionado con su pasado
El estudio, publicado por la Universidad de Berlín, revela que un 40 por ciento de los escolares encuestados no ve apenas diferencias entre el nazismo, la dictadura comunista de la República Democrática Alemana y la actual República Federal, tanto antes como después de la unificación. Casi la mitad de los encuestados cree que los derechos humanos y el Estado de derecho era similar en todos estos sistemas políticos.
Según recoge Die Zeit, sólo la mitad de los escolares identificó claramente el nazismo como una dictadura mientras que tan sólo un tercio dijo que los habitantes de la RDA también lo sufrieron. Los alumnos no sabían tampoco distinguir las características propias de una democracia y ni tan siquiera eran capaces de identificarlas en su país actual.
La encuesta, elaborada entre 2009 y 2012 con las respuestas de unos cinco mil alumnos de noveno curso (3º de ESO) ha causado conmoción en Alemania, donde una de las máximas preocupaciones es que su pasado nunca se olvide. Se aprecian diferencias en la percepción de la historia de los jóvenes según su estado de procedencia y el origen de sus padres. Así, los hijos de padres criados en la RDA tiene una percepción más positiva de la dictadura comunista. Y los hijos de inmigrantes y los alumnos del Este también tienen una valoración más negativa de la actual República Federal.
Die Zeit recoge la preocupación que reina entre la clase política, con declaraciones del ministro de Cultura, Nernd Neumann, quien declara que unos resultados así deben convertirse en un revulsivo para todos los responsables educativos. Los expertos culpan de la situación a los programas educativos y destacan la importancia de enseñar en las aulas cuáles son los pilares de la democracia.

miércoles, 27 de junio de 2012

Rating de la banca española en junio de 2012

Rating de la banca española en marzo de 2011

Rating de la banca española en junio de 2012

viernes, 22 de junio de 2012

Vemos lo que podemos.


Sgeun etsduios raleziaods por una Uivenrsdiad Ignlsea,no ipmotra el odren en el que las ltears etsen ecsritas,la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlima ltera esetn ecsritas en la psiocion cocrreta.
El retso peuden etsar ttaolmntee mal y aun pordas lerelo sin pobrleams, pquore no lemeos cada ltera en si msima snio cdaa paalbra en un contxetso.

Presnoamelnte, esto me preace icrneilbe!


La ptua mrade que lo pairo! Tnatos aoñs de colgeio a la mrieda!

Un estudio desvela que España es el país con más políticos por habitante de Europa.

 
Un estudio interno elaborado por asesores de la Presidencia del Gobierno desvela que España es el país europeo con mayor número de políticos con cargos públicos por habitante de toda Europa. Estos políticos se encuentran trabajando a todos los niveles de la administración. Tenemos 300.000 políticos más que Alemania, trabajando a costa del presupuesto, y el doble que Italia y Francia.
Javier Fonseca.25.04.12. Según un estudio elaborado por tres asesores de la Presidencia del Gobierno y al que ha tenido acceso en exclusiva Diario El Aguijón, en España tenemos 445.568 políticos (ver cuadro adjunto a la noticia) trabajando en todos los niveles de la administración, así como en todo tipo de empresas públicas o participación de fondos públicos, fundaciones, entes, observatorios, consejos, defensores, agencias, direcciones etc. Según el informe tenemos el doble del porcentaje por habitante que los que tiene Italia, que se mantiene en niveles muy parejos con los de Francia, país que siempre se ha caracterizado por su fuerte estructura pública. Lo más sorprendente es que España tiene 300.000 políticos empleados por elección o por designación directa en todo tipo de organismos, que Alemania, país que tiene el doble de la población española. El estudio desvela, que el tamaño desmesurado de nuestra administración no se encuentra distorsionado tanto entre los funcionarios que prestan servicio directo al ciudadano (profesores, administrativos, médicos, policias etc), sino que el mayor porcentaje de distorsión se encuentra entre los políticos que pueblan nuestra administración.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, la gran agencia de colocación de los partidos.
El estudio desvela que la mayor cantidad de políticos colocados en la administración, lo hacen a través de organismos dependientes de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y el estudio elaborado por estos tres asesores de la Presidencia del Gobierno destaca la fiebre colocadora en las empresas municipales de la vivienda y las empresas de transporte municipales y la proliferación de observatorios y organismos asesores. Precisamente el informe desvela que es bajo la llamada asesoría donde más políticos hay contratados, señalando incluso que en muchas ocasiones se dan casos de asesores que asesoran a otros asesores y así sucesivamente hasta en cuatro ocasiones hasta que llega el asesoramiento a un cargo electo.
Por primera vez se desvela el número de liberados sindicales y patronales
El informe también considera como políticos a los liberados sindicales y patronales, y por primera vez se les pone cifras. En el caso de las organizaciones sindicales, en España contamos con 65.130 liberados sindicales. Las patronales cuentan con 31.210 personas empleadas con responsabilidad en la dirección política de sus organizaciones. En el informe se especifica que el número de liberados sindicales y patronales se incluye puesto que realizan funciones de organización política del Estado, y sus organizaciones son sufragadas por fondos procedentes de la administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En este apartado no sólo se ha incluído la representación de los sindicatos mayoritarios como CC.OO y UGT sino que también han sido incluídos todos los sindicatos con respresentación. Para el cálculo de estos se ha analizado las bolsas de horas sindicales y liberados que reflejan los convenios colectivos sectoriales.
Los datos más voluminosos y algunas curiosidades del estudio
El estudio, del que Diario El Aguijón ha extraído la tabla anexa a este artículo, refleja que el lugar donde más políticos hay colocados es en empresas públicas o con participación pública (en su mayoría son autonómicas y municipales) donde hay empleados la friolera de 131.250 políticos. Le siguen los ayuntamientos, que emplea directamente a 8112 alcaldes y 65.896 concejales. A continuación les siguen los sindicatos y patronales. Entre los elementos especialmente curiosos están los cargos de designación directa en el sistema sanitario y el sistema educativo, donde hay empleados 8260 y 9320 políticos que realizan en su mayoría tareas de asesoramiento, planificación y control del resto de empleados públicos. También destacan los políticos empleados como cargos de confianza, que el informe detalla en 40.000 subrayando el informe, que la cifra se ha disparado por la práctica habitual de los grupos municipales y parlamentarios autonómicos a tener un determinado número de cargos de confianza respecto a su representación que realizan labores internas de los grupos, y que se solapan con las de los asesores personales que a su vez tienen los políticos electos. El informe, por tanto, pone negro sobre blanco que en España tenemos más jefes que indios.
Javier Fonseca.

viernes, 15 de junio de 2012

Canarias mantiene inmuebles en el exterior valorados en casi cuatro millones de euros.

Solo las oficinas y las plazas de garaje dela «embajada» de Bruselas superanlos 1,8 millones. B. S. / M. Á. M. / LAS PALMAS / SANTA CRUZ

Día 15/06/2012
Canarias mantiene inmuebles en el exterior valorados en casi cuatro millones de euros
Fachada de la Casa de Canarias de Madrid
Los bienes inmuebles que la comunidad autónoma posee en el exterior, como los vinculados a sus polémicas «embajadas», están valorados en casi cuatro millones de euros. Sobresalen por su alto «valor contable» el local y las plazas de garaje que constituyen la oficina de representación del Gobierno de Canarias en Bruselas. No en vano superan los 1,8 millones.
Según se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso ABC, si el Ejecutivo del Archipiélago decidiese enajenar los inmuebles que la región mantiene en el exterior recibiría alrededor de cuatro millones de euros, cantidad en la que el mismo gabinete de Paulino Rivero calcula el «valor contable» de estos locales, oficinas y plazas de garaje ubicados en Madrid, Venezuela, Bélgica o Marruecos.
Las cifras de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad revelan que solo el local y las plazas de garaje de la «embajada» canaria en Bruselas —adscrita a la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca)— valen más de 1,8 millones, exactamente 1,82. Ello sería el «valor contable», habida cuenta de que el Ejecutivo no es capaz de calcular el valor de mercado, ya que «la inestabilidad de los precios inmobiliarios» no hace posible «inferir un importe verosímil».
Proexca es también la entidad dependiente de la comunidad autónoma que figura como titular del local de otra de las «embajadas», la situada en Caracas, Venezuela. Esta otra oficina de representación del Gobierno regional consta en los libros de contabilidad de las arcas públicas con un precio de 1,1 millones de euros. Asimismo adscrito a Sofesa-Proexca está el local de oficinas de Agadir, en Marruecos, cuyo valor asciende a prácticamente 65.100 euros.

Más en Venezuela y Madrid. Pero al margen de las «embajadas», el Ejecutivo dispone también del Hogar Canario de Madrid, vinculado a la Casa de Canarias en la capital de España y cuyo valor es de prácticamente cien millones de pesetas (593.843 euros), y el local del Club Social Archipiélago Canario en Caracas (395.472 euros). El Hogar Canario de Madrid tiene como fin la «Realización de actividades vinculadas con (sic) las funciones de la Viceconsejería de Acción Exterior», y el club social ubicado en la capital bolivariana contribuye al «Desarrollo de actividades y referente de canarios afincados en Venezuela». En total, pues, los cinco bienes inmuebles que el Gobierno de las Islas gestiona en el exterior —el Hogar Canario de Madrid es propiedad de la comunidad autónoma y el resto lo son de entidades dependientes— tienen un precio, al menos un precio contable, de casi cuatro millones de euros (3,97 millones).

Presupuesto.-Respecto del presupuesto de la Oficina Canaria en Madrid, este asciende en el presente ejercicio a casi 400.000 euros, en concreto a prácticamente 387.000 euros. De esta cantidad, y según la información a la que ha tenido acceso este diario, 205.000 euros corresponden a «Gastos corrientes en bienes y servicios»; el resto (182.000 euros), a «Gastos de personal». Este gasto se suma a los 1,7 millones de euros que se desembolsarán para el mantenimiento de las «embajadas», tal como avanzó ABC el pasado lunes.

sábado, 9 de junio de 2012

Asi nos critican

1.- ¿Los ciudadanos van a notar de alguna manera el rescate a la banca?.
Sí. A medio plazo habrá más crédito para las empresas y las familias. Sin embargo en el corto plazo todo dependerá de las condiciones que Europa exija por ayudar a los bancos españoles. En la medida en que no es un rescate al conjunto del país, no vendrán los “hombres de negro” a “sentarse” en La Moncloa, lo que puede evitar los fuertes ajustes que se han producido en los países rescatados: alzas del IVA de 4 ó 5 puntos porcentuales, recortes en el desempleo, supresión de días festivos, despido de funcionarios, etc..
2.- ¿Todos los bancos españoles recibirán ayuda? ¿Los grandes bancos como el BBVA o el Santander se verán afectados por el rescate?
No. La ayuda, que tendrá forma de créditos, será sólo para las entidades que no puedan cubrir con sus beneficios las nuevas provisiones que se les van a exigir. Algunos informes apuntan que sólo se salvarán Santander, BBVA y quizá Caixabank.
3.- ¿El dinero depositado por los clientes en los bancos que reciban ayuda corre peligro/está garantizado?
Los clientes de los bancos «rescatados» están más seguros que antes una vez que reciban los préstamos para recapitalizarse. En todo caso sigue existiendo el Fondo de Garantía de Depósitos que cubre hasta 100.000 euros por persona y entidad.
4.- ¿El rescate podría implicar cambios en las condiciones de depósitos o hipotecas suscritos con los bancos por los clientes? ¿subirán las hipotecas, bajarán los intereses de los fondos....?
No tendría por qué. Pero las entidades que reciban ayudas sí tendrán que cumplir requisitos de gobernanza y estarán bajo la estricta supervisión de los reguladores tanto nacionales como europeos.
5.- ¿El dinero que se preste a los bancos habrá que devolverlo? ¿cómo?
Sin duda. A falta de conocer la letra pequeña del rescate los bancos tendrán que devolver los préstamos que reciban aunque es probable que tengan bastantes años para hacerlo. En último caso si el Estado es el avalista final de los préstamos si alguna entidad no los devuelve se nacionalizaría. Tras unos años el Estado la vendería tratando de sacarle rentabilidad a la operación.
6.- ¿Y si España no aceptara el rescate qué pasaría?
Europa pondrá hoy a disposición de España una línea de crédito especial para la banca y utilizará las cantidades que necesite. El Gobierno muy probablemente aceptará este ofrecimiento ya que actualmente los mercados financieros, si bien no están cerrados, exigen un interés muy elevado.
Fuente ABC

Rescate


miércoles, 6 de junio de 2012

Zapatero está preparando un libro sobre la crisis económica que saca en otoño y próximamente viajará a Brasil para dar una conferencia.


G.SANZG.SANZ
El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero volvió ayer a confesarse «descansado» tras su salida del Gobierno. Fue al término del nombramiento de José Manuel Romay Beccaria como presidente del Consejo de Estado, donde lució un bronceado que data de una reciente estancia en Lanzarote.
Zapatero departió con varios de los asistentes a la recepción oficial y reconoció que haberse alejado de la primera línea política en medio de la tormenta económica que ha vivido España le ha traído consigo esa relajación, que le permite dedicarse a otras cosas.
Según ha podido saber ABC, el ex presidente del Gobierno divide su tiempo entre el Consejo de Estado, redactar un libro sobre la crisis, que sacará este otoño al mercado, y preparar otro, que sacará al mercado antes de 2014. Todo ello lo compagina con su trabajo diario en su despacho del edificio que tiene el PSOE en la calle Gobelas de Madrid.
Próximamente, Zapatero viajará a Brasil para dar una conferencia de progreso global, organizada por la Fundación Ideas.
No es la primera vez que el anterior inquilino de La Moncloa se confesa relajado tras su salidar del poder. Renuente a hablar de la política española, ha comentado a sus allegados que valora poder ir por la calle ahora sin que algún ciudadano disconforme con su gestión le increpe, cosa que hasta hace unos meses era más que probable.
Quizá por eso Mariano Rajoy confesó ayer a su salida del acto en el Consejo de Estado: «Él está ahora más tranquilo y yo, pues menos, pero es absolutamente normal»...

El perjuicio económico de un rescate de España.


Alberto Recarte:
«El perjuicio económico que se derivaría de un rescate de España para todos los inversores, nacionales y extranjeros, es incalculable.»
La economía de la Eurozona no puede permitirse que, por problemas de liquidez –que son por definición aunque se extiendan a un periodo de entre dos y tres años– y por percepciones políticas se concluya no sólo que el euro ha sido un error –que, por supuesto lo ha sido–, sino que ha sido un diseño maquiavélico de Alemania y los otros países centrales de la Eurozona para explotar a los países menos desarrollados y menos acostumbrados a políticas de autocontrol de gastos públicos y privados en ausencia de restricciones externas de financiación.
El perjuicio económico que se derivaría de un rescate de España para todos los inversores, nacionales y extranjeros, es incalculable.
*.- El valor estadístico de las inversiones extranjeras en España por todos los conceptos –registrados en la Balanza de Endeudamiento que publica el Banco de España mensualmente– alcanza los 2,3 billones de euros, mayoritariamente procedentes de Europa. Es una cifra 10 veces superior al endeudamiento griego con el exterior.
*.- No menos importante son las inversiones de residentes en España en el exterior, 1,35 billones de euros, mayoritariamente en Latinoamérica. Sin olvidar que un porcentaje significativo de esos inversores residentes son empresas multinacionales de capital europeo.
*.- La economía española es una parte relativamente importante de la primera potencia comercial del mundo (la Unión Europea tuvo un PIB de 14,7 billones de euros en 2011) y su tamaño, e imbricación con el resto del mundo, obligan a ser muy cuidadosos con las decisiones que se tomen. 

Lo mismo puede decirse de la economía italiana.
Ni la una ni la otra son periféricas. Sí lo son desde un puro punto de vista económico Grecia, Portugal e Irlanda. Y Malta y Chipre, que también tienen problemas para financiarse.
«La ruptura de la Unión Monetaria, a estas alturas, con países claramente acreedores y otros igualmente endeudados, tendría unos resultados catastróficos para todos, empezando por los sistemas financieros.»

Es muy posible que en el futuro alguno de los otros 11 países miembros de la Eurozona tengan problemas que afecten a la solvencia de sus sectores financieros o a sus cuentas públicas y que vuelvan a desestabilizar a toda la Eurozona. Si esos desequilibrios se producen en Francia, Holanda, Bélgica o Austria y no pueden resolverse con políticas de reformas que permitan una rápida recuperación de los equilibrios fundamentales, interiores y exteriores, el área euro estallará en mil pedazos. Pero hoy los desequilibrios afectan a España e Italia.

La ruptura de la Unión Monetaria, a estas alturas, con países claramente acreedores y otros igualmente endeudados, tendría unos resultados catastróficos para todos, empezando por los sistemas financieros.
Por poner el ejemplo de Grecia y de su más que posible salida del euro, con una economía que apenas supone un 2% del PIB de la Eurozona; su salida, para sus acreedores internacionales, tendrá las siguientes consecuencias:
  1. Ya hay inversores privados –nacionales griegos y extranjeros– que han perdido 106.000 millones de euros, al tener que convertir sus créditos y bonos anteriores al segundo rescate en otros diferentes, emitidos ex profeso por el Estado griego para canjearlos por los antiguos, al haber aceptado el segundo rescate.
  2. Los principales acreedores del Estado griego en la actualidad son:
    1. En primer lugar, los inversores que ya han perdido esa cantidad de 106.000 millones, pero que siguen siendo acreedores por un total de otros 45.000 millones de euros.
    2. Los Estados europeos miembros de la Eurozona y el FMI, que son acreedores por alrededor de 80.000 millones de euros.
    3. El Fondo de Rescate Temporal, la denominada "Facilidad Europea de Estabilización Financiera", ya ha debido desembolsar cerca de 20.000 millones del segundo rescate.
    4. El Banco Central Europeo, tiene en su poder bonos del Estado griego, adquiridos en el mercado secundario y garantías bancarias otorgadas a bancos griegos como colateral de líneas de liquidez que deben superar, conjuntamente, los 80.000 millones de euros.
  3. Las inversiones directas de empresas europeas de países miembros del euro podrían alcanzar, también, una cifra en torno a los 25.000 millones de euros.
Esto significa que, incluso en estos momentos, la salida de Grecia del euro tendrá consecuencias para muchos inversores privados, así como para los Estados europeos, el BCE y el FMI. No entramos a considerar la situación y consecuencias para la economía griega. Basta con decir que suspenderá pagos todo su sistema financiero y, lógicamente, todas las empresas que dependan del crédito bancario.
Si quien tuviera que ser rescatada fuera España, incluso sin considerar ningún tipo de quita o suspensión de pagos, o de fracaso en la política de reformas, el efecto en las cuentas de los acreedores sería devastador. En la actualidad, cerca del 37% del total de la deuda pública española está en manos de extranjeros, es decir, alrededor de los 280.000 millones de euros. El total de la deuda exterior de la banca española alcanzaba los 775.000 millones de euros a finales de 2011. En total, por tanto, la deuda financiera con el exterior supera 1 billón de euros.

En caso de intervención, o rescate, no sería descabellado pensar que los ajustes en el valor de todo tipo de títulos españoles superarían el 20%. Es decir, al margen de la pérdida inmediata de 400.000 millones de depósitos, los poseedores de otro tipo de títulos tendrían dos opciones, venderlas en el mercado con ese descuento o mantenerlos y dotar provisiones por ese porcentaje, si sus normas de conducta les obligan a ello. Esto significa que el sólo hecho del rescate de España supondría pérdidas, o dotaciones, cercanas a los 120.000 millones de euros.

En cuanto a los depósitos, si no se repusieran por el BCE, obligarían a la banca española a hacer un ajuste en su activo de esa misma cuantía, afectando a sus prestatarios españoles y extranjeros.
El resto de las inversiones en España, hasta sumar 2,3 billones, es decir, otros 1,2 billones de euros, también perderían valor, que se reflejaría en el activo de las empresas y fondos que los tuvieran en su balance. Estaríamos hablando, en el mejor de los casos, de ajustes de otros 240.000 millones de euros. Y sin tener en cuenta la mayor de las consecuencias, que la venta de títulos y valores en el mercado, por esos volúmenes, para obtener liquidez, derrumbaría todas las cotizaciones.
No creo que merezca la pena hacer más cálculos. Para la economía española sería trágico y para el resto del mundo, también.
«El Gobierno español no puede plantearse aplazar el objetivo de déficit público, pues cumpliendo con el 5,3% del PIB y un descenso del 1,7% en el PIB de 2012, la deuda pública superará el 82% del PIB en este año.»

La economía española puede recuperar en un plazo de 2 años, en el periodo 2012-2013, la solvencia de su sistema financiero, un cierto equilibrio de las cuentas públicas –con un déficit cercano al 3% del PIB a finales del próximo año- y el equilibrio en sus cuentas exteriores, reflejado en un pequeño superávit de la Balanza por cuenta corriente. Ese equilibrio implica una pérdida de renta per capita y un empeoramiento del nivel de vida significativo.
Ese equilibrio obligará a aumentar la presión fiscal y a seguir ayudando, aunque con menores fondos, a cerca del 25% de la población activa. Ese equilibrio es, sin duda, el menor de los males posibles para nosotros, para nuestros socios monetarios económicos y comerciales europeos, y para el resto del mundo.
Para alcanzar ese objetivo en 2 años, la economía española necesita seguir haciendo reformas que completen las que ya hay en marcha. El Gobierno español no puede plantearse aplazar el objetivo de déficit público, pues cumpliendo con el 5,3% del PIB y un descenso del 1,7% en el PIB de 2012, la deuda pública superará el 82% del PIB en este año. Por su parte, los responsables europeos tienen que mantener la tensión sobre el Gobierno español, para que continúe con las reformas y para que cumpla el objetivo de déficit público, pero tienen que arriesgarse a suministrar toda la liquidez que necesite el sistema financiero español, que tendrá que ser, ante la ausencia de alternativas, el principal financiador del Sector Público en 2012.

No sería descabellado que el Banco Central Europeo tuviera que incrementar la financiación a la banca española hasta los 500.000 o 600.000 millones de euros en 2012. Pero si, efectivamente, el sistema financiero español termina su saneamiento y recapitalización a finales de 2012 o a principios de 2013 y el déficit público se reduce en, al menos, 3 puntos del PIB hasta el 5,5% del PIB, las tensiones de financiación del sistema financiero se reducirán y será posible disminuir sustancialmente la dependencia del BCE. Es, en cualquier caso, una apuesta más barata y más segura que forzar el rescate de España, como parecen querer una parte sustancial de los economistas progresistas, la mayoría de la izquierda española, del PSOE o de IU, y el FMI. Este último cree necesario utilizar el Fondo de Rescate Permanente Europeo y los 300.000 millones de euros de que dispone. Sin tener en cuenta que el nivel de inversiones exteriores en España y de España en el exterior es tan alto que la intervención provocaría una variación en el valor de los activos de todo tipo de inversores que produciría un auténtico caos financiero y monetario en todo el mundo.
La izquierda española se plantea el rescate como una ocasión para arrebatar el poder al gobierno del PP, y se siente legitimada por cuanto replica el comportamiento del actual partido gobernante cuando estaba en la oposición, sin tener en cuenta que, en el interim, la deuda pública española habrá pasado el 57% del PIB de 2010 a más del 82% del PIB con que terminaremos en 2012.
Si el Estado español necesitara ser rescatado y se aprobara un plan de reformas a tres años, el volumen de financiación preciso sería de 200.000 millones de euros anuales (60.000 millones de déficit y 140.000 millones de euros de vencimientos de deuda), es decir, un total de 600.000 millones de euros. Los bancos españoles, por su parte, no tendrían que financiar a las Administraciones Públicas y tendrían más tiempo para mejorar su solvencia; pero el endeudamiento privado español con el exterior, que se refleja, parcialmente, en el sector bancario, y que ascendía, en diciembre de 2011, a 775.000 millones de euros, de los que más de 300.000 millones son ya con el Banco Central Europeo, hace en la práctica inviable cualquier rescate. Si oficialmente se decidiera que España necesitaba ser rescatada, una parte considerable de esos 475.000 millones de financiación bancaria restante con residentes extranjeros desaparecería. Sería preciso que, junto al compromiso de los 600.000 millones del Fondo de Rescate, el Banco Central Europeo financiara a la banca española con una cifra cercana a los 775.000 millones de euros.
Lo arduo de esta operación sería tanto la cuantía del apoyo del BCE, cuanto decidir qué instrumentos se aceptarían como colateral, para suministrar esa liquidez adicional. Si el BCE tuviera que aceptar ese tratamiento excepcional a la banca española estaría incumpliendo sus Estatutos. Si, además de España, fuera necesario rescatar a Italia, que tiene una deuda pública que asciende al 120% de su PIB, que significa una cifra de 1,6 billones de euros, la cantidad total a refinanciar cada año alcanzaría los 350.000 millones de euros. Si se concedieran tres años para hacer las reformas, se necesitarían, en conjunto, 1,1 billones de euros. Entre España e Italia las necesidades podrían alcanzar alrededor de 1,7 billones de euros. Es una cifra que coincide con la petición de Christine Lagarde, gerente del FMI, de que el Fondo de Rescate Permanente Europeo alcance un billón de euros, en cuyo caso el FMI aportaría el otro billón necesario.
En la actualidad, se cuenta, como ya se ha expuesto, con una disponibilidad efectiva de 500.000 millones de euros del Fondo de Rescate Permanente y con 300.000 millones del FMI. Esta institución considera que son un cortafuegos para impedir que la inestabilidad financiera de España se traslade a la Unión Monetaria, a la Unión Europea y al resto del mundo. Pero, en sus planteamientos, parece creer que la utilización de esos fondos sería el auténtico cortafuegos para asegurar la estabilidad del euro y, lo que más le interesa, la estabilidad financiera de la economía mundial.
«La experiencia griega está siendo traumática para Alemania, que observa como una parte importante de la población helena cree que sus penurias se derivan de los excesos de rigor que impone la Eurozona.»
Las reticencias de Alemania a ampliar la liquidez del BCE, el tamaño del Fondo Permanente o la emisión de eurobonos, son perfectamente comprensibles. Sus continuas ganancias de competitividad, fruto de sus tradiciones, su capital empresarial, su política de colaboración entre empresarios y trabajadores, su prudencia monetaria y sus esfuerzos en formación, la sitúan, junto con algunos otros países, como Austria, Holanda, Finlandia y Luxemburgo, como el garante financiero último de toda la zona euro, en caso de problemas irresolubles en Irlanda, Portugal, Malta, España e Italia. Por otra parte, en unos años, si se mantienen las tendencias de ganancias de productividad en Alemania y de pérdida de competitividad en Francia, ni siquiera las cuentas públicas francesas ofrecerán garantías suficientes. Alemania tendría que apoyar a Francia y Francia tendría que hacer un plan de Reformas.
Es lógico que Alemania sopese si quiere poner un límite a su contribución, en avales y efectivo, a cualquier Fondo de Rescate Permanente europeo. La experiencia griega está siendo traumática para Alemania, que observa como una parte importante de la población helena cree que sus penurias se derivan de los excesos de rigor que impone la Eurozona. Pero no parece lógico poner límites, en 2012 y 2013, a la expansión del balance del BCE porque al menos España está haciendo las reformas, y lo más barato para todos es suministrar la liquidez que necesita nuestra economía, en una fase en la que, hasta que las reformas se completen, en España e Italia, se seguirá produciendo una renacionalización del crédito.
«En 2012, el problema europeo, al margen de la salida de Grecia del euro, seguirá siendo España.»
Hasta la fecha, hasta mayo de 2012, el Gobierno alemán ha podido convencer a su propio partido, el más reticente a la política de salvamento del euro, y a su Tribunal Constitucional de que las garantías, préstamos y avales que está concediendo para resolver la crisis europea respetan la Constitución germana, que no permite compromisos internacionales que pongan en riesgo la solvencia futura de sus cuentas públicas. Ir más allá daría lugar a un conflicto jurídico y político que sólo podría resolverse con un cambio en su Constitución, que supondría la aceptación de una auténtica entidad política supranacional. Es algo inimaginable en estos momentos.
En 2012, el problema europeo, al margen de la salida de Grecia del euro, seguirá siendo España. A finales de año sabremos si el gobierno español tiene la fuerza política suficiente para completar el proceso de saneamiento y recapitalización del sistema financiero y si, sobre todo, es capaz de cumplir con el objetivo de déficit del 5,3% del PIB. Los problemas mayores son los que se refieren a la recaudación tributaria y al gasto de las autonomías. La problemática de las relaciones entre el Gobierno Central y las autonomías tiene un cierto parecido con el de la Eurozona y los Estados miembros.
La Constitución española permite que el Estado, es decir, la Administración Central, controle y fiscalice las cuentas de las autonomías (al margen de las Corporaciones Locales, donde la dependencia jurídica del Estado no se discute). Pero esa facultad no se ha desarrollado ni ejercido por los gobiernos constitucionales desde la aprobación de la Constitución en 1978. La modificación del artículo 135, que obliga a alcanzar el equilibrio presupuestario en 2020, y el Decreto-ley de Estabilidad de abril de 2012 permiten intervenir las cuentas autonómicas, como también lo hacen los artículos de la Constitución en los que se detalla la relación entre transferencia de competencias exclusivas del Estado a las autonomías, y la de los medios financieros para desarrollarlas.
Tal y como hizo el Gobierno Federal norteamericano en 1789, el Estado español no tiene más remedio que utilizar el salvamento financiero de las autonomías para imponer el control sobre sus cuentas públicas. Los gobiernos autonómicos que no consigan refinanciar su deuda tendrán que aceptar un control sobre sus ingresos y gastos, a cambio de que el Estado asuma, en la práctica, sus deudas según vayan venciendo y el suministro de la financiación necesaria para cubrir los déficit acordados con el Estado. En 2012, es el 1,5% del PIB autonómico. Como se analizará posteriormente, no es una solución definitiva, como tampoco lo fue el salvamento que el Gobierno norteamericano hizo de los Estados en 1789.
Las autonomías, si logran recuperar el equilibrio financiero y consiguen volver a financiarse, se verán libres de la tutela estatal. Se habría resuelto el problema inmediato, pero las dificultades podrían volver a presentarse si los desequilibrios se reprodujeran. Para evitarlos sería imprescindible un cambio de la Constitución, que abordara, con claridad, el reparto de competencias entre el Estado y las autonomías. Un cambio que tendría que ser votado en referéndum en el que se reflejara la determinación política de intervenir, económica y políticamente, las autonomías que no respetaran el nuevo texto constitucional.