Caso de los ERE: ¿terminación o aborto?
Pedro de Tena 2013-06-03
A la espera del análisis de toda la
documentación contenida en los cincuenta tomos del sumario declarado
parcialmente secreto hace meses y ahora levantado, Mercedes Alaya ya ha
encontrado otros tres fondos nuevos que investigar en su búsqueda de ayudas
ilegales de carácter sociolaboral. Se trata ahora de otros 18 millones de euros
concedidos a través de los programas Fomento Industrial, Desarrollo Tecnológico
y Servicio Andaluz de Empleo, todos ellos dependientes de la Consejería de
Empleo. Recuérdese que asimismo se está a la espera de su investigación sobre
los fondos de formación, fondos señalados ad hoc por el propio ex director
general de Empleo de la Junta y principal imputado por ahora en el caso de los
ERE, Francisco Javier Guerrero, como muy superiores a los manejados por él
desde 2001.
Su investigación parte, según El País,
de la propia Intervención General del Estado que en su estudio sobre las ayudas
sociolaborales solicitado como pericial en el procedimiento, ha encontrado que
hay ayudas a prejubilados que "parecen haber sido concedidas no sólo con
cargo al programa presupuestario 31L Administración de relaciones laborales,
sino a otros programas distintos" y así lo dijo la juez en su auto firmado
el pasado 23 de mayo.
Ahora, tras el descubrimiento de nuevos
fondos, Alaya quiere que la Junta le entregue "a la mayor brevedad
posible" información sobre los programas Fomento Industrial por 3,2
millones concedidos en 2000, Servicio Andaluz de Empleo por 2,9 millones en
2004 y dos de Desarrollo Tecnológico que suman 11,4 millones entre 2003 y 2004.
En total, 18 millones otorgados supuestamente en ayudas sociolaborales.
La novedad fundamental es que todos
ellos dependían de Departamentos ajenos a la Dirección General de Trabajo que
es el núcleo base del fondo de reptiles investigado hasta ahora. la Junta de
Andalucía siempre ha defendido que ese era el huevo de la serpiente pero la
tramitación de estas ayudas sociolaborales por 18 millones no tiene que ver con
el departamento del ex director general Javier Guerrero, y atañe a otros
responsables.
Además, la juez pide a la Junta el nuevo
listado de intrusos porque la investigación interna que comenzó la Consejería
de Empleo hace dos años está concluida pero sus conclusiones no han llegado al
juzgado. Hace tres semanas, la Junta expuso haber hallado 235 irregularidades
administrativas, entre las que se incluían 71 intrusos y un fraude de 17
millones, de los que ya se habían reintegrado 5,3 millones. Ahora Alaya quiere
saber el nombre de estos intrusos porque el decreto de la Junta del pasado
octubre sobre extrabajadores afectados por reestructuraciones de empresas,
aclaraba que los contratos de seguros debían ser revisados por una comisión
técnica en el plazo de un mes para confirmar que no existían intrusos.
"Dado el tiempo transcurrido (siete meses) la Junta debe conocer la
identidad" de los intrusos, recuerda la juez.
Alaya quiere conocer asimismo los pagos
de ayudas sociolaborales hasta la fecha actual y los compromisos adquiridos,
datos que la Junta debe tener ya clarificados después de tantos meses de
investigación interna y aclara en su auto "que constan pagos posteriores
por compromisos adquiridos" posteriores a 2010, cuando se incorporó al
frente de Empleo el exconsejero y diputado Manuel Recio.
Tema pendiente: los fondos de la
formación
Los fondos públicos que la Junta ha
destinado a la formación son muy superiores a los 734 millones de euros que
durante una década engrosaron la partida 31.L de los ERE, la conocida como el
fondo de reptiles. Pero entre ambos procedimientos aparecen similitudes
sorprendentes.
a) En las prejubilaciones falsas, los
sindicatos tuvieron un papel destacado y, según la juez Alaya, cobraron
comisiones con la justificación "peregrina" de ofrecer a las
compañías aseguradoras los datos de los trabajadores.Hubo pólizas colectivas de
rentas cuyos tomadores fueron federaciones sectoriales de los sindicatos, hubo
pagos a algunas de estas federaciones regionales en Andalucía, por ejemplo, en
el ERE de la Faja Pirítica de Huelva, y hubo comisiones de entre el 0,5% y el
1% a empresas vinculadas con los sindicatos, como Atlantis y Temiqui, por
participar en el proceso de los ERE. También en los cursos de formación de la
Junta los sindicatos UGT y Comisiones Obreras representan un papel
protagonista, ya que han sido los encargados de organizar miles de cursos en
toda Andalucía. Y por todos han cobrado más del 40 por ciento del total de la
subvención recibida según el único informe sobre estas subvenciones publicado
por la Cámara de Cuentas en 2002.
b) El ex alto cargo de la Junta Juan
Rodríguez Cordobés, imputado en el caso de los ERE, aparece como intruso en la
póliza de prejubilaciones de la empresa Calderinox, en la que nunca trabajó.
Pero es que este ex alto cargo, además, cobró de la partida de los fondos de
formación una indemnización de 21.512 euros tras cesar en 2008 de su puesto
como director gerente de la Escuela de formación de Artesanos del municipio
sevillano de Gelves. El último informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía
sobre subvenciones de la Consejería de Empleo, advertía de que la indemnización
por cese de Rodríguez Cordobés no era susceptible de ser subvencionada con
cargo a los fondos de formación de la Junta.
El citado informe pone de manifiesto
que, de los 44,56 millones de euros en subvenciones otorgadas por la Junta para
el funcionamiento de los 14 consorcios escuela de formación para el empleo,
entre los años 2008 y 2009, no se justificaron más de 3,5 millones.
Indicios de una trama
Juan Ignacio Zoido, presidente del PP
andaluz, pidió la extensión de la investigación a los fondos de formación. El
caso Pallerols fue el primer aperitivo que señaló el camino por el que
circulaban subvenciones destinadas a la formación que terminaban, en parte, en
manos de un partido, o sindicatos, o particulares. De hecho, la Cámara de
Cuentas de Andalucía ya reflejaba en su informe sobre la formación profesional
ocupacional cómo los sindicatos UGT y CCOO en 1997 se quedaban casi con el 50
por ciento del dinero recibido en concepto de gestión, coordinación, seguros,
energía, etc. De la calidad de los profesores y de su eficacia, esto es, a
cuántos alumnos parados consiguieron colocar, ni una palabra.
Pongamos algunos ejemplos. La Junta ha
gastado 76,6 millones en formar a la plantilla de Delphi y la mayoría de sus
componentes sigue sin recolocarse. Ese dinero equivale al coste que tiene la
construcción de tres hospitales de alta resolución y dos veces y media lo que
la Administración autonómica preveía recaudar al año con la subida del Impuesto
de la Renta para las Personas Físicas (IRPF) a los que ingresan más de 80.000
euros.
En la empresa Formación Integral para el
Empleo SL, que administra Ana María Rodríguez, esposa de José Sivianes Sánchez,
y en la que ha estado como administrador el socialista Juan Luis Ferrer, sólo
aparece un empleado fijo desde 2009 a 2011 y apenas llega a 3 trabajadores
temporales en las cuentas del Registro Mercantil. Sin embargo, recibió más de 6
millones de euros de subvenciones entre 2008 y 2012.
Otro ejemplo: El entramado de empresas y
fundaciones del ex consejero de Hacienda de la Junta, el socialista Ángel Ojeda
Avilés, recibió 34 millones de euros de la Consejería de Empleo en apenas año y
medio –entre 2009 y 2010– para la formación de los ex empleados de la multinacional
Delphi. A partir de mayo de 2011, sería su propia cuñada, Teresa Florido
Mancheño, la que iba a decidir la adjudicación de muchos de estos cursos al ser
nombrada directora general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para
el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Recuérdese además el caso de la empresa
de la esposa del exnúmero dos del PSOE-A, Rafael Velasco, que recibió más
700.000 euros en subvenciones para formación profesional poco después de su
creación. El caso provocó la dimisión de Velasco.
Entre los escándalos de empresas que
recibieron importantes subvenciones y cuyos propietarios pertenecen al entorno
del PSOE aparecen asimismo exconcejales en Écija que recibieron más de 600.000
euros; el de la peluquería del marido de la exalcaldesa de Martos (Jaén), que
ha recibido hasta 550.000 euros; o el exalcalde socialista de San Fernando
(Cádiz), socio de un empresa con la hija de una senadora socialista que recibió
más de 800.000 euros.
Particularmente llamativo, por su
condición de exdelegado provincial de empleo, es el del cordobés Antonio
Fernández, fundador de una autoescuela que recibió 843.000 euros.
pilar díez Seguir a @mpilardiez
2013-06-04
ABC, el diario que más exhaustivamente
ha informado del caso de los ERE andaluces, viene cargado de novedades.
"Dinero de los ERE acabó en paraísos fiscales", dice. Pero hasta
llegar allí, la pasta iba de mano en mano por los bares de Sevilla.
"Trasiego de sobres en los bares aledaños a la Junta y el
Parlamento". También relata ABC el gracejo andaluz de la familia del
sindicalista Juan Lanzas. "En esta casa hay mucho dinero, como pa asar una
vaca, pero no lo vais a encontrar", le dijo la madre de Lanzas a la
Guardia Civil cuando fueron a registrar su casa. Guasa no se le puede negar a la
mujer.
Rubido está sorprendentemente de acuerdo
con Gonzalo Moliner y le dice a la juez que ya va siendo hora de que cierre el
caso. "La decisión de la juez Alaya de levantar el secreto sumarial
debería suponer la cuenta atrás para concretar definitivamente las imputaciones
ya declaradas, precisar los hechos de una compleja red de delitos patrimoniales
y de falsedad y, si es preciso, remitir a los tribunales competentes la
situación de aforados que pudieran estar implicados".
También La Razón trae un gran despliegue
del caso ERE. "El fraude de los ERE no sería posible sin la activa
participación de la Junta", según el sumario. "El chofer de la coca
dice que Griñán se vio con Guerrero para desatascar los pagos" lo que ha
puesto a Griñán "contra la cuerdas". Tampoco los sindicatos se libran
del asedio. "El 80% se negociaba con CCOO y UGT en Madrid. Los sindicatos,
engrasadores". Para compensar tanto celo contra los malos, sale a saco a
defender a su infanta. "Hacienda ratifica que la infanta no cometió delito
fiscal en Aizóon". No, no y no.
La Gaceta: "La mancha de los ERE se
extiende por Andalucía. La juez Mercedes Alaya descubre tres nuevos fondos de
reptiles en el caso de los ERE fraudulentos en los que se habrían malversado
otros 18 millones de euros". Hala, venga millones. El periódico de
Intereconomía defiende a la juez. "Tiene fama de tenaz, minuciosa y
enigmática". No ha querido jueces de apoyo "para ahorrar a sus
colegas el trance de acabar corrompiéndose por miedo, ambición o codicia",
mira qué detalle. "Estamos probablemente ante el escándalo de corrupción
política de mayor calado que se recuerda", así que nada de meter prisa.
"Déjese a la juez acabar su trabajo, que los españoles de bien nunca se lo
agradecerán lo bastante".
El Mundo también lleva en portada el
caso ERE: "El chófer de la cocaína implica a Zarrías en el caso de los
ERE", aunque le da más importancia al juego del ratón y el gato entre el
Gobierno y el juez Castro. "Hacienda trata de blindar a la Infanta frente
al delito fiscal" y "veta al perito nombrado por el juez". A
Pedro J. le corroe una duda: "¿Trato de favor de Hacienda a la
infanta?". Pues no sé, no sé, dice, pero "hay indicios de que la
Agencia Tributaria puede estar actuando en este caso con un rasero distinto al
habitual".
Hoy le toca a Fátima Báñez recibir los
leñazos del director de El Mundo por decir al gobernador del Banco de España,
que pidió que se eliminara el salario mínimo, que se meta en sus cosas.
"Sorprende que una ministra se una al demagógico coro sindical cuando una
de las últimas exigencias de Bruselas es que su departamento presente antes de
septiembre un informe sobre las deficiencias de la reforma laboral en el que
muchos expertos opinan que habrá que tener en cuenta la propuesta de
Linde".
El País también lleva a Andalucía a su
portada. Como no podía ser de otra manera, dirán. "Andalucía reparte a
11.000 alumnos pobres desayuno y merienda". Ni rastro de los ERE. A cambio
sí que ha dejado un huequecito para Gürtel. "La Audiencia expulsa al PP de
Gürtel por sus tretas en defensa de Bárcenas", dice el periódico
independiente de la mañana. Tras contarnos lo de Bárcenas, lo de la Infanta,
una regañina de Griñán al PSC, otra noticia sobre Mas, lo del descuartizador
Saholín, por fin, en la página 21 y última de Nacional, se digna el periódico
de Prisa a informar a sus lectores de la corrupción socialista en Andalucía.
"Un imputado acusa a Gaspar Zarrías de mediar para incluir intrusos en los
ERE. El chófer de Guerrero inculpa al secretario federal del PSOE y este lo
niega". Y se queda tan pancho.
